El Gobierno también trabaja en la instauración de un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades, algo que se hará mediante la simplificación de las deducciones, y hay incertidumbre sobre la tributación relacionada con Activos Fiscales Diferidos (DTA, por sus siglas en inglés).

Álvarez alertó de que hay medidas que “podrían llevar a las multinacionales españolas a no ser tan multinacionales o a pensar su estructura legal”.

Así lo expuso en la presentación de resultados del banco, que registró un beneficio neto de 3.752 millones de euros entre enero y junio de 2018, lo que supone un aumento del 4% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El ‘número dos’ del Santander señaló que no se conocen los detalles sobre el impuesto a la banca que quiere aprobar el Gobierno y “nos movemos en el tema de lo posible”, pues se habla de “distintas ideas con efectos potencialmente muy distinto”.

El responsable del Santander comentó que es “razonable” que cuando se vaya a cambiar el sistema fiscal haya un “periodo de reflexión para evitar no tener efectos colaterales diferentes a las que se persiguen”.

“Las prioridades deben de seguir siendo crear empleo” y afrontar la “escasez” de ahorro, dijo, para agregar que hay medidas que “tienen efectos colaterales”.

En este sentido, Álvarez dijo que le “gustaría que el sistema fiscal pensase en un ahorro a largo plazo”, pues España tiene una posición de deuda externa neta negativa.

Además, afirmó que “no se deberían tasar impuestos sobre rentas no generadas, no es una buena práctica”, para indicar que en España el banco puede que siga perdiendo dinero este año, por tener aquí localizado el centro corporativo.

A ello se une que “debería evitarse la doble imposición”, pues si el Santander tiene en Brasil un 36% de tasa fiscal, si sobre los dividendos se traen de allí “tenemos un nuevo impuesto, no me parece justo.

“Podría llevar a las multinacionales españolas a no ser tan multinacionales o a pensar su estructura legal”, apuntó el ‘número dos’ del Santander.

Sobre los DTA y un posible cambio, consideró que si es así “la seguridad jurídica seria baja”.