Según informó este martes a través de un comunicado, el Defensor del Pueblo ha instado a crear una sección especializada en la Fiscalía General del Estado y ha pedido al Ministerio de Justicia que se dirija a las autoridades eclesiásticas, para que faciliten toda la información que pueda ayudar a las víctimas que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales.

También recomendó la creación de un banco de ADN nacional y pruebas genéticas gratuitas para las víctimas, y solicitó a la Administración que ofrezca a los afectados un servicio de orientación jurídica y que éstos se puedan beneficiar del derecho a justicia gratuita.

Así se lo hizo saber a los ministerios de Justicia; Interior, y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y a la Fiscalía General del Estado, a quienes remitió sendos escritos con estas recomendaciones para agilizar los procesos de investigación y para trasladarles las peticiones de las asociaciones de afectados.

Para el Defensor del Pueblo, “los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo por esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica”.

A juicio del Defensor del Pueblo, “aunque los archivos parroquiales no puedan ofrecer por sí solos información relevante, sus datos sí pueden ser cruzados con las inscripciones de nacimiento del Registro Civil. También sería muy útil para las investigaciones que la Iglesia católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifique a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales, casas cuna, orfanatos, centros para madres solteras, etc. para cruzar dicha información con otras bases de datos de los archivos históricos y del Registro Civil”.

Desde el año 2011, el Defensor del Pueblo ha tramitado más de 300 quejas de familias que esperan conocer el paradero de los recién nacidos sustraídos en centros hospitalarios y maternidades.

Una de las mayores dificultades con las que se encuentran estas familias, que consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento por las administraciones, es el acceso a los datos de archivos y registros de hospitales y maternidades, públicos y privados.