Según indica la URJC en un comunicado, los centros universitarios sólo tiene obligación de archivar y custodiar la documentación referente a los diferentes servicios de la universidad, documentos que emanen de órganos colegiados o que obren en expedientes administrativos, pero “en ningún caso los relativos a los trabajos que hayan servido para evaluar a los alumnos”.

“Custodiar los trabajos de los alumnos como pruebas de evaluación es exclusiva de los profesores durante un tiempo limitado, de ahí que en la providencia dictada ayer por la titular del Juzgado 51, Carmen Rodríguez Medel, se solicite los documentos relativos al alumno P.C. a sus profesores, Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, quienes son las únicas personas que pueden tener los trabajos del alumno al que calificaron”.

La Rey Juan Carlos agrega que está colaborando en todo momento con la Justicia en tiempo y forma en todo lo que se le requiere con el objetivo de devolver el buen nombre de esta universidad pública. Asimismo, indica, “se debe recordar que fue la propia URJC la que puso en conocimiento de la Fiscalía la supuesta falsificación documental del Instituto Público de Derecho (IDP), dirigido por Enrique Álvarez Conde, que ahora se está investigando”.