En concreto, la nueva norma contempla la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente con el objeto de adaptarse a las nuevas tecnologías.

Esta nueva norma adapta la legislación española a la directiva europea de 2015, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas.

Para ello, introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales y da mayor homogeneidad a los sistemas de marcas de los Estados miembros. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.

La nueva regulación supone además un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.

Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse.

En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación.

El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.