En la rueda de prensa poterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que el Ejecutivo "no entra" a valorar las decisiones del tribunal alemán ni las del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, propias de "conversaciones" entre órganos judiciales fruto de las posibilidades que otorga la euroorden.

La Justicia española "no queda dañada", aseguró, reduciendo lo sucedido a "discrepancias entre dos ámbitos judiciales" que solo cabe respetar. Sobre lo que pueda hacer ahora la Fiscalía General del Estado, subrayó que es "independiente, tiene sus propios cauces con los tribunales y este Gobierno no da instrucciones al Ministerio Fiscal".

Celaá expresó su "respeto profundo" por la separación de poderes al ser preguntada por las declaraciones del presidente, Pedro Sánchez, en las que celebraba que Puigdemont y los demás procesados huidos pudieran ser juzgados en España. "Todos", respondió, "compartimos un sentimiento de ver si podemos llevar a término este conflicto de intereses, nada más", pero el Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, respeta la autonomía y la independencia judicial.