La acusación pública alude a la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no extraditar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión y sostiene que su entrega solo por supuesta malversación aumentaría el riesgo de fuga del resto de los procesados.

De esta manera, el ministerio público mantiene el mismo criterio que había guiado su actuación hasta ahora y reafirma su estrategia tras el relevo de Julián Sánchez Melgar al frente de la Fiscalía General del Estado.

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras pidió que le dejen en libertad alegando que si le excarcelan no podrá "incidir" en actuaciones de la Generalitat que pudieran "asimilarse" a los hechos que han llevado a su procesamiento.

Por su parte, los exconsejeros del Gobierno catalán Jordi Turull y Josep Rull volvieron a solicitar la libertad provisional amparándose en el argumento de que se está produciendo una "normalización política" en Cataluña que se puede ilustrar con la reunión cordial entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Joaquim Torra.

Las defensas de los procesados por rebelión argumentan además que su excarcelación podría contribuir a rebajar la tensión social y a facilitar la normalización de las relaciones entre el Estado y Cataluña.