Ahora está pendiente que el juez instructor, Pablo Llarena, decida si acepta la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde Alemania sólo para ser juzgado por malversación. El auto del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, de 22 folios, ya está traducido y sólo resta que, tras su análisis, el magistrado decida si mantiene o retira la euroorden.

El pasado jueves, el tribunal de Schleswig-Holstein anunció que rechazaba la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión o desórdenes públicos y que únicamente contemplaba su entrega para que fuera investigado por el delito de malversación.

Esta decisión supone un revés para el juez del Supremo que acordó el procesamiento por rebelión tanto de los investigados huidos en el extranjero, como de los exresponsables que se encuentran en prisión provisional en España. Esta decisión de la justicia alemana podría traducirse en la paradójica situación de que los políticos encarcelados acabaran siendo juzgados por rebelión, un delito penado con más de 30 años de cárcel, mientras que Puigdemont lo sería sólo por malversación, penado con un máximo de 12 años.

La Sala agiliza así los trámites para la celebración del juicio a partir de noviembre. La habilitación del mes de agosto permite la presentación de recursos y practicar pruebas durante un de tradicionales vacaciones en los tribunales.

La Fiscalía tiene previsto presentar sus escritos de acusación en el mes de septiembre. Su contenido será muy individualizado y contendrá la calificación de los hechos que se van a juzgar para cada uno de los procesados, por lo que ese será el momento en que el ministerio público decida si imputa el delito de rebelión a todos o a parte de los encausados.

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein no puede ser recurrida por la fiscalía germana. Si se presenta recurso ante el Constitucional alemán debe ser por una cuestión de derechos fundamentales. La justicia alemana expresa sus dudas, en el auto, sobre las implicaciones políticas de esta causa y se pregunta si la imputación por rebelión está prioritariamente destinada a apartar de la política a la cúpula del independentismo catalán.