El objetivo es implicar a los notarios que prestan su función en estos países, más de 300.000, en la realización de actividades conjuntas para promover los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por la ONU y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los 650 millones de personas con discapacidad que existen en el mundo y la de sus familias.

El convenio lo firmaron este martes Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado, en la sede del Consejo General del Notariado. También estuvieron presentes José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, y Almudena Castro-Girona, presidenta de la Fundación Aequitas del Notariado español y de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL.

Tras la firma, Alberto Durán destacó que "desde 2007, los notarios colaboran en la formación y el empleo de las personas con discapacidad en los despachos notariales, así como en la mejora de la accesibilidad física de este colectivo, y de otros como el de personas mayores”.

“La firma de este convenio es un paso más en esta colaboración, pero en este caso de la mano de la Unión Internacional del Notariado; hay que tener en cuenta que el 15 por ciento de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y este convenio contribuirá a mejorar su protección jurídica".

Por su parte, José Marqueño apuntó que "el servicio a las personas es lo que legitima a la función notarial; y más aún si ese servicio es a las personas vulnerables. El apoyo jurídico a este colectivo es una de las prioridades de mi mandato al frente de la UINL, por lo que agradezco a Fundación ONCE darnos la oportunidad de colaborar con ellos en algo que para nosotros es esencial".

En virtud de este acuerdo, la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado, presidida por la notaria española Almudena Castro-Girona, impulsará en colaboración con Fundación ONCE una serie de medidas para sensibilizar a los notarios sobre las necesidades y demandas de los ciudadanos con discapacidad.

Entre estas medidas destacan el intercambio de información y ejemplos de buenas prácticas en la materia entre los países miembros, la accesibilidad jurídica y física al servicio público notarial, y la organización de acciones formativas sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la discapacidad.