La intención del Gobierno, anunció Sánchez, es “promover” la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece un plazo máximo de instrucción, especialmente “nocivo en la tramitación de causas complejas”.

Así lo dijo en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última reunión del Consejo Europeo y exponer su programa de gobierno.

Sánchez afirmó que la “necesidad” de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la “precipitación” en la instrucción de una causa, y “mucho menos como antesala de la impunidad”.

En esta materia, también consideró preciso asegurar la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, garantizando nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad.

“No sólo por ser una exigencia propia de cualquier democracia madura, en la que impera el principio de separación de poderes, sino para superar una etapa de pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones judiciales”, indicó.

A su juicio, se trata de defender el régimen de libertades y trabajar por la regeneración democrática y por eso el Gobierno “asume su compromiso con la ejemplaridad en su grado más alto”, lo que le llevará a no escatimar “esfuerzos en la lucha contra una lacra que ha hecho mucho daño a la imagen de España y a las arcas públicas”.

Esto le llevó a la reflexión de que “cuando un pueblo renuncia a la libertad en aras de la seguridad acabará perdiendo ambas: libertad y seguridad”.

Y así, ofreció “consenso y voluntad de acuerdo” para reformar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, que “debilitó nuestras instituciones, deterioró nuestra democracia y atacó las libertades”.

Por ello, instó al diálogo político en el Parlamento para alcanzar el equilibrio entre dos valores igualmente valiosos.