Lo anunció en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última reunión del Consejo Europeo y exponer su programa de Gobierno, tras la polémica suscitada por el reconocimiento por parte del Ejecutivo de las dificultades para publicar la lista de beneficiados de la última 'amnistía fiscal', como reclamaba el PSOE desde la oposición.

Sánchez expuso sus pretensiones en materia fiscal para lograr una "justicia fiscal" que permita a su vez la justicia social, y se refirió a la necesidad de luchar con eficacia contra el fraude y la elusión. En ese punto, se detuvo para explicar la afirmación del Gobierno de que no puede publicar el listado de beneficiados.

Recordó, en primer lugar, que fue el Grupo Socialista quien interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que esa amnistía era "ilegal e injusta", una convicción en la que se reafirmó. Recordó también que la previsión era recaudar 2.500 millones y apenas llegó a la mitad, por lo que fue no solo un "fracaso moral" sino recaudatorio.

Subrayó, asimismo, que la 'amnistía fiscal' cuenta con una sentencia "durísima" por parte del Tribunal Constitucional, que la declaró "nula" y que también se pronunció expresamente sobre su irretroactividad. "Desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía, y esa imposibilidad afecta, según el artículo 9.3 de la Constitución, a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma", dijo Sánchez.

Por tanto, "desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado -ya me gustaría, créanme-, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales", y por ello anunció un proyecto de ley de lucha contra el fraude para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir por ley amnistías fiscales. "Que no vuelva a haber nunca más otra amnistía fiscal" es el compromiso del Gobierno, concluyó.