Las defensas de los procesados por rebelión, argumentan que su excarcelación podría contribuir a rebajar la tensión social y a facilitar la normalización de las relaciones entre el Estado y Cataluña.

El escrito de las defensas sostiene que el encuentro entre Sánchez y Torra y las reuniones que ya se han producido entre miembros de los dos gobiernos hacen intuir que el proceso de “normalización política” está en marcha. Además, indica, “el hecho de que las instituciones catalanas -tanto parlamentarias como de gobierno- no hayan incurrido en desobediencia" desde que se constituyó el Ejecutivo catalán aleja la posibilidad de reiteración delictiva, una de las razones por las que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se opone a su excarcelación.

Insisten en que mantenerles en prisión "no contribuye, sino todo lo contrario, a resolver la compleja situación política que se vive en Cataluña y que, por el contrario, su encarcelamiento es un factor que genera evidente tensión social".