El documento en el que el tribunal autoriza la entrega de Puigdemont para que sea investigado sólo por malversación llegó al Tribunal Supremo a última hora del viernes y se encuentra todavía en fase de traducción, por lo que no espera que el magistrado instructor de la causa del `procés´ tome ninguna decisión antes del miércoles.

El pasado jueves, el tribunal de Schleswig-Holstein anunció que rechazaba la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión o desórdenes públicos y que únicamente contemplaba su entrega para que fuera investigado por el delito de malversación.

Esta decisión supone un revés para el juez del Supremo que acordó el procesamiento por rebelión tanto de los investigados huidos en el extranjero, como de los exresponsables que se encuentran en prisión provisional en España. Esta decisión de la justicia alemana podría traducirse en la paradójica situación de que los políticos encarcelados acabaran siendo juzgados por rebelión, un delito penado con más de 30 años de cárcel, mientras que Puigdemont, lo sería sólo por malversación, penado con un máximo de 12 años.

Ahora Llarena se enfrenta a la tesitura de decidir si retirar la orden de detención contra el expresidente catalán, lo que significaría podría permanecer huido `sine die´ y en libertad mientras no regresara a España, donde sigue vigente la orden de detención.

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein no puede ser recurrida por la fiscalía. Si se presenta recurso ante el Constitucional alemán debe ser por una cuestión de derechos fundamentales. La justicia alemana expresa sus dudas, en el auto, sobre las implicaciones políticas de esta causa y se pregunta si la imputación por rebelión está prioritariamente destinada a apartar de la política a la cúpula del independentismo catalán.