Así lo explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.

Montero indicó que el anteproyecto contempla la prohibición de “las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar”.

La ministra apuntó que la norma que propone el Ejecutivo establece que estas lanchas “solo podrán ser utilizadas por organismos y entidades públicas” y por quienes se encargan “de labores de salvamento o asistencia marítima”.

El anteproyecto también recoge que las embarcaciones deberán estar previamente inscritas en un registro que creará la propia ley. La consecuencia destacada de la norma es que las Fuerzas de Seguridad podrán decomisar las lanchas cuando sean detectadas, aunque no lleven carga ilícita.

Una vez detectadas las lanchas, se expedientará a los propietarios por el hecho de tener este medio de transporte, trámite que conducirá a la sanción del infractor.