Según informó el Ministerio de Fomento, se trata de las concesiones de las autopistas de peaje Radial 2, 3, 4 y 5, M-12, AP-36 (Ocaña-La Roda) y AP-7 (Cartagena-Vera), cuya resolución se acuerda en razón de su situación de insolvencia y del inicio de la fase de liquidación de las sociedades concesionarias, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Con carácter previo al acuerdo del Consejo de Ministros, se han llevado a cabo los trámites necesarios para la resolución de los contratos, como los de audiencia al contratista, el informe de la Abogacía del Estado o el dictamen del Consejo de Estado.

En los próximos meses se procederá a liquidar estos contratos y se determinará la cantidad de la RPA.

Para poder continuar con la prestación del servicio, el Consejo de Ministro ya aprobó en el mes de agosto del año pasado el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Seittsa, que se hará cargo de la gestión de las autopistas cuando finalicen los contratos actuales.

En dicho convenio se autorizaba a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a fijar la fecha del inicio de la explotación por Seittsa. Ésta asumió la explotación de estas autopistas entre el 21 de febrero y el 10 de mayo.