“Las grabaciones que afectan a Corinna, afortunadamente, no afectan al jefe del Estado, Su Majestad el rey Felipe VI; son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos”.

De esta manera respondió la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se le preguntó por la veracidad y las posibles consecuencias legales de las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein indica que el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se escudó en que la Agencia Tributaria “no habla ni de contribuyentes, ni de expedientes, ni de investigaciones”, cuando se le preguntó por si está previsto iniciar una investigación a raíz de las declaraciones en las que se dice que el Rey emérito, don Juan Carlos, tiene patrimonio oculto y que pudo acogerse a la llamada ‘amnistía fiscal’ que aprobó el Gobierno en 2012.