Esta es la principal medida incluida en el convenio que la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, firmó hoy con el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego, para la prestación del Servicio de Representación Procesal.

Este servicio se inició el año pasado con el fin de garantizar el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva, agilizar los procedimientos judiciales y mejorar, así, la calidad del servicio que la Administración de Justicia presta a los ciudadanos en la región.

Este año, el Gobierno de la Comunidad destinará 120.000 euros a este Servicio de Representación Procesal. Ibarrola subrayó que esta asistencia “beneficia claramente a las víctimas, puesto que se trata de prestar un servicio de ‘procuradores de guardia’ encargados de recibir las notificaciones y llevar a cabo los actos de comunicación de la víctima y el presunto agresor mientras el órgano judicial designa al procurador definitivo”.

EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

El acuerdo también contempla la posibilidad de que los presuntos agresores puedan solicitar un procurador desde el momento de la denuncia, algo que facilita que el procedimiento sea más ágil y rápido, evitando que se ralentice porque el denunciado no designe profesionales. Algo que, en muchas ocasiones, dificulta tanto su localización como el envío de notificaciones, lo que demora el proceso en perjuicio de la víctima.

Además, este servicio también ofrece información a los ciudadanos en cuestiones de carácter procesal, con el fin de proporcionarles una herramienta sencilla y útil de acceso a los trámites y cauces procesales de los procedimientos judiciales, incluidas las gestiones telemáticas con la Administración de Justicia y asesorándoles sobre estas cuestiones en todas las instancias del proceso judicial.