Desde Bruselas (Bélgica), valoró así la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en Alemania, de extraditar al expresidente de la Generalitat solo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por el de rebelión del que le acusaban la Fiscalía española y el magistrado español Pablo Llarena.

Subrayó que su máxima, que ya defendía siendo líder del PSOE en la oposición, es que las resoluciones judiciales “no se califican”, sino que “se respetan”. “Eso es lo que hace este Gobierno, respetar todas y cada una de las decisiones judiciales donde sea”, aseveró.

En todo caso, enfatizó que “lo importante” en términos de la Justicia española es que aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año “tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles” y que esto es algo que “va a ocurrir” ya. Así, dijo que del ámbito político, en el que él se mueve, es que “ésta es una crisis política que necesita de una solución política”.