El informe propone elaborar una hoja de ruta que impulse la definición de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2020-2030 participada, de consenso, concreta y medible, basada en la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad, que ponga el foco en las personas y el planeta y responda a un proyecto de país con visión de largo plazo.

También incluye medidas sobre política e inversión pública que aborden las causas profundas de los problemas. En cuanto a la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, incluye fortalecer la protección social con un sistema de garantía de ingresos mínimos configurado como derecho subjetivo, y de una prestación universal por niño a cargo, así como de más recursos para la Ley de Dependencia.

Aumentar la inversión pública e impulsar reformas legales para asegurar el acceso universal a la salud, a la vivienda digna y a una educación de calidad para todas las personas, y acometer reformas estructurales en el ámbito laboral y fiscal que permitan mejorar la calidad del empleo y aumentar los recursos públicos disponibles para gasto social son otras medidas en este sentido.

POLÍTICAS AMBIENTALES

En cuanto a las políticas ambientales, las ONG proponen un plan de Emergencia para detener la pérdida de la biodiversidad en 2020 y reformar la Ley de Aguas, promover sistemas alimentarios sostenibles y una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Sobre la seguridad humana y los espacios cívicos democráticos, proponen reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género, adoptar una Ley Integral de Violencias contra la Infancia, modificar la Ley de Extranjería para evitar la irregularidad sobrevenida, derogar la llamada ‘Ley Mordaza’ y una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos.

Respecto al papel de España en el plano internacional, el informe aconseja reforzar la política pública de cooperación para el desarrollo aumentando la Ayuda Oficial al Desarrollo española hasta la inversión media de la UE y ejercer un liderazgo positivo y coherente con el marco internacional de derechos humanos en asuntos globales como las migraciones, el comercio de armas, el cambio climático, la actividad empresarial en el exterior o la fiscalidad internacional.

Futuro en Común está formado por entidades entidades de acción social (Cruz Roja Comunidad Valenciana), de derechos humanos (Cáritas, Cear, Plan Internacional), de desarrollo (Ayuda en Acción, Ecodes, Entreculturas, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Medicus Mundi y Oxfam Intermón), ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF), feministas (Fórum Política Feminista), sindicatos (CCOO y USO) y universidades o centros de investigación (Iecah y Universidad de las Islas Baleares).