Maravall participó en una mesa redonda dentro de una jornada parlamentaria organizada por el PSOE para conmemorar y analizar los 25 años de la Ley Orgnánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), en la que también estuvo, en esa misma condición de ex ministro de Educación, el actual vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En su intervención, recordó que la ley fue “muy combatida” porque el Ministerio de Educación había sido una especie de “propiedad privada” hasta la llegada de los socialistas al Gobierno.

“No se entendía bien qué era eso de la autonomía del poder político democrático”, explicó, y como muestra de ello recordó que en la primera reunión con ellos, los obispos le entregaron “una serie de reales decretos y órdenes ministeriales” listos para enviar al BOE y en los que “sólo faltaba mi firma”.

Subrayó que en diez años el gasto público en educación pasó del 3% al 4,6% del PIB y la inversión fue equivalente a la creción de mil puestos escolares al día, incrementando la tasa de escolarización en veinte puntos porcentuales en el grupo de edad de los dos años siguientes a lo que sería la educación obligatoria.

Fue en ese contexto en el que relató cómo Pedro Arriola firmó en 1984 un informe por encargo “de asociaciones extraparlamentarias de derechas” en el que decía que el objetivo no debía ser “debatir” esa ley sino “desgastar” al Gobierno.

“El hombre va a piñón fijo”, dijo Maravall con una sonrisa, “debió sacar fotocopias de ese informe” y por eso es lo que sigue asesorando a los dirigentes del actual PP, ironizó.

Después de miles de enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados y en el Senado, AP presentó un recurso previo de inconstitucionalidad que paralizó la ley durante 16 meses y prosiguió “con la campaña extraparlamentaria” de oposición, pero la política de educación era, según el CIS, la mejor valorada por los ciudadanos, junto a la internacional y la de sanidad.