Mediante este convenio, firmado por Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación; y Luis Cayo Pérez, presidente del Cermi, se dará apoyo a iniciativas de fomento del consumo responsable insistiendo en su dimensión social, beneficiando así a los productos y servicios producidos por personas con discapacidad que trabajan en Centros Especiales de Empleo.

Al acto asistieron también, la directora general de Consumo y Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad, Etelvina Andreu; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y responsables de varias de las asociaciones integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Miguel Carballeda afirmó que este convenio supone "un esfuerzo para regular el juego ilegal y garantizar este sector", y señaló que "da mayor valor a los bienes que se ajusten a las necesidades de las personas con discapacidad".

Por su parte, el presidente del Cermi dijo que "esta alianza es positiva, porque en materia de juego vemos que existen malas prácticas que hay que erradicar".

Francisca Sauquillo destacó que, mediante este acuerdo, "trabajaremos para cambiar las pautas de consumo para el total acceso de las personas con discapacidad, e impulsaremos la representación de los consumidores con discapacidad".

Además, se impulsará y promoverá entre el sector empresarial la necesidad de introducir la perspectiva de la discapacidad en sus productos y servicios que, en definitiva, tienen como destinatarios a toda la sociedad y, entre ellos, a los casi cuatro millones de ciudadanos con discapacidad que viven en España.

Por otro lado, se realizarán actividades relacionadas con la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios, impulsando actuaciones y regulación en el marco del sector del juego, incluyendo Internet, telefonía móvil y otros soportes tecnológicos existentes o que puedan existir, y que puedan en algún momento poner en riesgo la seguridad del consumidor.

Con este convenio se garantiza que las personas con discapacidad no sean utilizadas a la hora de ser contratadas por empresas que practican actividades como el juego ilegal, y aquellas que puedan vulnerar sus derechos a la hora de realizar alguna compra. El convenio tiene una vigencia de dos años y un comité que hará un seguimiento de los avances y necesidades de cada momento.