Delgado se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde comparece para explicar sus planes para lo que queda de legislatura. La titular de Justicia explicó que tiene intención de mejorar la transparencia en la designación del fiscal general de los vocales del CGPJ, algo en lo que considera ayudará la intervención de la ciudadanía.

Por este motivo, Delgado anunció que propondrá que los aspirantes a vocal del Consejo y fiscal general puedan contestar a las preguntas que los ciudadanos hagan llegar al Congreso, donde ya se está establecido que los aspirantes a los anteriores puestos comparezcan en la Comisión de Justicia antes de su nombramiento oficial. Esta comparecencia es obligatoria, aunque no vinculante.

CONSUMIDORES Y SINDICATOS

En este sentido, la ministra se refirió a que quiere “dotar de transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía en el proceso de elección”. Por ello, explicó que quiere introducir “mecanismos de valoración efectiva de méritos” e implementar “un sistema en el que los distintos candidatos puedan defenderlos, presentar su proyecto de actuación y garantizar su independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, sin perjuicio de las obligadas relaciones institucionales”.

En este contexto, la ministra pretende “poner en marcha un mecanismo de participación que ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria competente aquellas cuestiones que, debidamente sistematizadas y calificadas por aquella, estén referidas a los aspectos que deben exponer los candidatos y candidatas” a ser vocales del CGPJ.

Para plantear estas preguntas a los futuros vocales, serían convocados “las asociaciones y colegios profesionales, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, entre otros agentes sociales”.

La ministra explicó que quiere hacer lo mismo con los candidatos a fiscal general, que deberían, durante su comparecencia en el Congreso, responder no sólo a las preguntas que planteen los distintos portavoces parlamentarios, sino también a “todas aquellas cuestiones” que formulen los ciudadanos a través de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.