“Muchos de los profesionales (de la privada) empezaron a hacer los abortos en la sanidad pública, pero cuando no faltaba un anestesista, faltaba una enfermera porque eran objetores de conciencia”, declaró la representante de las clínicas concertadas para practicar interrupciones del embarazo en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a 2016, sólo el 11,7% de los abortos se practican en hospitales públicos, mientras que la mayoría se derivan a clínicas concertadas o privadas. La razón, a juicio de García, es la “objeción de conciencia” por parte de los profesionales públicos.

“Se hizo imposible que en el sistema público se hicieran abortos; los centros acreditados hacíamos los abortos eligiendo el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que salud es el bienestar físico, psíquico y psicológico”, explicó la presidenta de las clínicas abortivas.

No obstante, según García las clínicas de interrupción del embarazo se consideran a sí mismas “públicas” porque “en la mayoría de nosotras, es la administración pública la que define los criterios sanitarios” y “firmamos conciertos”.