Durante la reunión se acordó, en primer lugar, que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) envíe toda la documentación remitida por las comunidades autónomas sobre los pacientes de iDental a la Fiscalía General del Estado para que esta investigue si existe ilícito penal.

En segundo lugar, se resolvió recordar a las entidades financieras y no financieras que procedan a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de Créditos al Consumo y que dejen de seguir cobrando los créditos vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido los tratamientos.

Finalmente, se decidió que las autoridades de consumo de las comunidades autónomas continuarán con su compromiso de informar y asesorar a los pacientes afectados por el cese de actividad de iDental.

La Comisión de Cooperación de Consumo estuvo presidida por la directora ejecutiva de Aecosan. A la reunión acudieron también los directores generales de las comunidades autónomas con competencias en consumo.