Siempre según el citado medio informativo, en el caso de Andorra el juicio se encuentra paralizado, pero en EEUU el proceso sigue. Hasta ahora, el FinCen estaban alegando determinadas reservas legales para no entregar a los demandantes el material en que se habían basado en el Departamento del Tesoro para forzar el bloqueo de las cuentas de los agentes internacionales de BPA, que dejó al banco sin liquidez y que puso al borde del desastre a todo el sistema financiero del Principado. También tuvo impacto en España, donde supuso la caída del Banco de Madrid.

En el proceso legal ya se habían desclasificado algunos documentos, como el que desvelaba que ocho meses antes ya se había advertido al Gobierno andorrano de malas prácticas del sistema. Sin embargo, gran parte de los documentos demandados siguen clasificados como material sensible por parte del Departamento del Tesoro.

"Ahora, tras la nueva resolución legal, el FinCen tendrá que ser mucho más estricto a la hora de alegar excepciones legales que le permitan hurtar a la defensa de los Cierco documentación y testimonios, según apuntan fuentes jurídicas cercanas al pleito en Estados Unidos", agrega 'El Confidencial'. "A partir de este momento, el FinCen deberá justificar con el máximo detalle la negativa a la desclasificación de los documentos clave de la intervención de BPA".

En su parte dispositiva, el fallo indica que, como se establece en esta orden, el Tribunal necesita información adicional para evaluar si los demandados llevaron a cabo una búsqueda adecuada y se basaron adecuadamente en las exenciones previstas para retener registros relevantes. También se marcan fechas, de forma que antes del 30 de julio tienen que estar disponibles algunos testimonios de testigos clave en los que se basó la acusación que el FinCen hizo pública contra BPA.

Asimismo, se ha ordenado a las partes, lo que también incluye al Departamento del Tesoro, que antes del próximo 10 de agosto se entregue un cronograma concertado para futuros procedimientos en el proceso legal en curso.

"Los Cierco están utilizando su proceso legal en Estados Unidos como una de las patas de su reclamación al Gobierno de Andorra", continúa 'El Confidencial'. "Aspiran a conseguir una indemnización por la expropiación de 300 millones de euros. En lógica, debería pagar el Gobierno de Andorra, pero el pequeño país apenas tiene esa suma para su presupuesto nacional. Parece muy poco probable que la compensación pueda salir de las arcas andorranas".

En Andorra no hay cargos contra los Cierco. El máximo directivo acusado es el consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel. La evolución del caso en Estados Unidos y la desclasificación de documentos en ese país pueden servir para aportar pruebas en el proceso andorrano y que la Justicia se acabe decantando por uno de los dos lados, agrega 'El Confidencial'.