El informe de SEO/BirdLife analiza cuatro indicadores: estado de la legislación, acción de las instituciones, procesos de participación y fiscalidad ambiental. Tras el análisis de cada indicador, se otorga una puntuación en cuatro niveles que va de 'claramente favorable' a 'claramente desfavorable'.

El primero de los indicadores aborda dos cuestiones. Por un lado, el grado de cumplimiento del amplio derecho comunitario en materia de medio ambiente por parte de España. En 2017, según datos de la Comisión Europea, España tenía 30 casos abiertos por incumplimiento de las políticas de la UE, lo que supone un 9,2% del total, una cifra tres veces superior a la media, que está cifrada en torno al 3,5%. Por tanto, España suspende en buen gobierno ambiental.

Respecto al segundo apartado analizado, la acción de las instituciones, el documento resalta la alta conflictividad constitucional de las leyes ambientales, recurridas al Tribunal Constitucional en mayor medida que otras materias. Como se desprende del informe, en la X legislatura, con Mariano Rajoy de presidente entre 2011 y 2015, el Estado y las comunidades autonómas presentaron 213 conflictos, de los cuales 39 eran ambientales, lo que supone un 18,3% del total.

Se trata de una conflictividad constitucional sobre la materia "inusitadamente alta", según concluyen los autores, máxime si se tiene en cuenta que las leyes ambientales aprobadas representan en torno a un 8% del total. Con estos datos, el informe marca como 'claramente desfavorable' este indicador.

El tercer indicador aborda los procesos de participación, referidos a los procesos y actuaciones del Estado en materia de medio ambiente. Según el informe, la situación de estos procesos es 'mejorable'. Se basa para afirmar esto en las decrecientes reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente a lo largo de los años, y en la cada vez más escasa información que se ofrece sobre sus conclusiones. De hecho, en la memoria de 2015 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la última publicada, tan solo se daba cuenta del número de reuniones y de las normas pasadas a estudio.

No obstante, este indicador también analiza los procesos de participación autonómicos, y las conclusiones en este aspecto son más positivas. Seis comunidades -Cataluña, Extremadura, País Vasco, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias- alcanzan puntuaciones favorables o moderadamente favorables. Por contra, Castilla y León y Madrid obtienen la peor nota posible.

Por último, el informe evalúa la situación de la fiscalidad ambiental, al ser un instrumento clave a la hora de incentivar o primar aquellos comportamientos beneficiosos para el medio ambiente o penalizar comportamientos perjudiciales. El análisis de SEO/BirdLife constata que los tributos en materia de medio ambiente se han reducido gradualmente respecto del PIB desde 1998, llegando a presentar uno de los porcentajes más bajos de la UE de los 27. En 2015, España era el cuarto país por la cola de toda la UE, con un 1,9% de su PIB proveniente de impuestos ambientales, muy por debajo de la media de entonces, un 2,6%.

A modo de resumen, la conclusión principal de este informe de SEO/BirdLife es que la situación de España en términos de buen gobierno ambiental es 'manifestamente mejorable'.