En un comunicado, la Red señaló que la Oficina del Defensor del Pueblo y diversos organismos internacionales han reiterado la necesidad de eliminar estas instituciones, dependientes íntegramente del ámbito policial. Dice que en todo momento han sido señaladas como “ineficaces", puesto que únicamente son expulsados el 29% de las personas que pasan por ellos, y "absolutamente desproporcionados", puesto que la limitación de libertad en dichos centros se produce no por una infracción penal o la comisión de un hecho delictivo, sino por la mera falta en la regularización administrativa.

“Lamentamos que Grande-Marlaska tenga tan duro el corazón que prefiera mirar hacia otro lado y mantenerse en sus palabras de defensa de los CIE. "El Ministerio no puede mejorar algo que no funciona, que es inhumano y que priva derechos fundamentales", recalcó la Red.

Afirmó que son centros inconstitucionales y que atentan contra los derechos humanos, prosiguió, y "ninguna ONG que quiera seguir siendo una institución creíble apoyará jamás la continuidad o el parcheamiento que proponga Interior”.