Así respondió la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le preguntó por la fecha de esta exhumación de los restos que están en la basílica junto a los del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

“El Gobierno está decidido y determinado", dijo, "a exhumar los restos de Franco” porque el Valle de los Caídos “tiene que ser un memorial de paz y reconciliación que atienda a víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, pero no referente de un dictador”.

Celáa no quiso concretar la fecha del traslado, más allá de que será “inmediato”, porque dice que no hay “ningún precedente” y se debe hacer “de manera muy correcta, y con mucho respeto a la dignidad humana” y están “todavía en la complejidad del proceso jurídico”.

La portavoz señaló que las conversaciones con la familia de Franco son “privadas” y a ella le corresponde decidir qué hacer con los restos. Remarcó que se trata del “cumplimiento” de un mandato del Congreso y aseguró que es “totalmente ajeno a este proceso” la creación de la Dirección General de Memoria Histórica, un nuevo departamento dentro del organigrama del Ministerio de Justicia del que se hará cargo Fernando Martínez López, y que hoy aprobó el Consejo de Ministros.

La creación de la Dirección General de Memoria Histórica se realiza mediante la modificación del Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se estableció la estructura orgánica básica de los distintos departamentos ministeriales. Su coste ascenderá a 69.407 euros.

Martínez López, actual secretario general del PSOE en Almería capital, es especialista en temas vinculados con la Memoria Histórica, ha sido coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía y coordinador e investigador principal de los proyectos de investigación de universidades andaluzas relativos a las actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en Andalucía (1936-1945) y a la represión franquista de la masonería andaluza y el exilio republicano andaluz de 1939.

El Ejecutivo se ampara en la proposición no de ley que presentó el PSOE en 2017 y que aprobó el Pleno del Congreso con 198 votos a favor, uno en contra y 140 abstenciones, entre ellas las del PP y la de ERC. En esta iniciativa, tras su aprobación, se reclama la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos.

En el texto de la proposición no de ley se apostaba por “excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas”.