De las casi 19.500 multas derivadas en 2016 de la aplicación del artículo 37.4 de esta ley referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, se pasó a 20.700 en 2017 y a 4.361 sanciones en el primer trimestre de 2018.

Así se recoge en un informe sobre las consecuencias de dicha ley tres años después de su entrada en vigor, publicado este viernes por Amnistía Internacional (AI).

Del mismo modo, la reforma del Código Penal supuso un aumento muy significativo de las condenas por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, al pasar de 23 condenados entre 2011 y 2013 a 84 entre 2015 y 2017.

Según el director general de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, “tanto la LOSC como la reforma del Código Penal están sirviendo para procesar penalmente o sancionar por vía administrativa a usuarios de redes sociales, artistas, raperos, activistas sociales o periodistas por expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información”.

Apuntó que “el nuevo Gobierno de Sánchez ha asegurado que va a derogar los artículos que puedan socavar estos derechos", con lo que “estaremos pendientes de que así sea”. "Después de tres años ya es hora de acabar con el efecto mordaza que provoca esta legislación”, señaló el director de AI.

El informe subraya cómo la discrecionalidad en las acciones policiales que permiten estas normas se traduce en “indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial una vez ha sido tramitada la denuncia”.

Otra de las consecuencias de la nueva legislación es la desmovilización ciudadana, por temor a la cárcel o a la imposición de multas imposibles de afrontar.

Asimismo, la ley ha producido un mayor “señalamiento, persecución y criminalización de activistas, periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza pacífica”.

Cuando se cumplen tres años de vigencia de la LOSC, Amnistía Internacional constata una vez más “cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin introducir mecanismos de control adecuados ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información”.