Así lo pone de manifiesto el informe 'CIE Madrid' publicado este miércoles por SOS Racismo y elaborado a partir de las entrevistas a 843 internos acompañados por dicha ONG durante ese período. Según este trabajo, Hasta 2017, año en que las personas visitadas detenidas en frontera experimentan un repunte muy destacado (hasta el 55% del total), el mayor porcentaje de detenidos con diferencia era el de una persona que llevaba viviendo en España más de seis años.

"Es decir, son personas que tienen su vida hecha en España, con sus redes, familias, amistades, aquí formadas", señala la organización. Denuncia que el ingreso en el CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianeidad, "con todo el sufrimiento que esto implica para la propia persona y para la gente que le rodea", y agrega que puede suponer también la pérdida de trabajo, dado que el internamiento se puede prolongar hasta dos meses.

Además, la ONG asegura que casi el 25% de las personas visitadas estuvieron en situación regular en algún momento de su vida en España y son el grupo de internos más expulsados –hasta el 55%-, y el único grupo de personas con más expulsiones que liberaciones.

Esto supone que entre las personas visitadas, se ha expulsado con mayor asiduidad a aquellas que a priori tienen más arraigo en España, apunta el informe, que añade que para ellos regularizar su situación administrativa es realmente complejo debido a los requisitos que requiere.

Además, agrega que tan solo el 13,7% de la población interna vivía antes en Madrid (la gran mayoría había sido trasladada desde otras regiones, con la pérdida de redes de apoyo que esto supone). De los 843 detenidos, 70 eran mujeres (tan sólo un 8,3% del total) y 41 (un 4,9%) manifestaban ser menores de edad.

Según SOS Racismo, esto demuestra los fallos del Estado a la hora de dectar menores no acompañados y de prestarles protección. Dice la organización que la realidad es que los migrantes que llegan a la frontera y declaran ser menores son encerrados junto al resto hasta que consiguen demostrar, o no, dicha situación.

CAMBIO DE TENDENCIA

La disminución de las expulsiones desde CIE entre 2014 y 2016 fue acompañada de un incremento masivo de las deportaciones exprés, práctica que permite ejecutar las expulsiones en menos de 72 horas desde los calabozos de las comisarías, sin apenas tiempo para formalizar recursos jurídicos, insiste la ONG.

Los datos de 2017, según el informe, con un repunte en los internamientos y expulsiones desde los CIE, revelan que el sistema de expulsión se ha mantenido utilizando diferentes vías, alternando y combinando ambos mecanismos: el internamiento en CIE y las deportaciones 'en caliente'.

Por último, el informe subraya que pese a la nueva normativa, el funcionamiento de los CIE incumple diversas previsiones legales y vulnera los derechos de las personas allí detenidas. Entre las denuncias más frecuentes, SOS Racismo señala violaciones de los derechos a la información, a solicitar protección internacional, a recibir asistencia médica y sanitaria y a acceder a la comunicación y del derecho a entrar en contacto con organizaciones de protección de inmigrantes.

Por último, el informe subraya que a partir del aumento de llegadas en pateras desde 2017, los CIE funcionan como "una extensión de la frontera sur", y señaló que en cuanto abandonan los CIE, muchos de estos recién llegados terminan en 'situación de calle'.