A su juicio, se trataría de "una vuelta de tuerca más en las políticas de externalización, en la medida que (estos campos) podrían crearse tanto en territorio europeo como en países del norte de África con muy baja calidad democrática y de protección a las personas migrantes, tal y como hemos visto en los últimos meses”.

En un comunicado conjunto, advirtieron que igual que sucede en la actualidad con Turquía, se discriminaría a los migrantes "entre quienes verían admitida a trámite su demanda de asilo y el resto, que serían expulsados a sus países de origen, lejos de cualquier organización que pueda fiscalizar qué es lo que sucede en estos procesos, y con procedimientos jurídicos de protección que se prevén lejos de los estándares europeos".

Aseguran que esta propuesta es “el enésimo gesto mediático para tranquilizar a una opinión pública europea que exige soluciones, aun a sabiendas de que las experiencias de figuras análogas en Italia o Turquía no han supuesto la mejora en el acceso a los derechos fundamentales de los migrantes".

En su opinión, “supondrían un paso más en el vaciamiento del derecho de asilo y el rechazo absoluto a hacer de la UE un espacio de acogida, y serían "la certificación de que la retórica de los derehcos humanos ha cedido ante la pulsión xenófoba que crece por toda Europa”.

Por estos motivos, las entidades firmantes exigieron al gobierno español que se oponga a esta política y que se planteen avances en la acogida de las personas migrantes y demandantes de protección internacional, en el salvamento de las personas que mueren a diario en el Mediterráneo y en la creación de vías legales y seguras de acceso a la Unión Europea.