Así lo dijo el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, en un comunicado en el que reaccionó a la detención del también alcalde de Ontinyent por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo de 2018.

Cerdán pidió “prudencia”, puesto que este asunto “se encuentra de momento bajo secreto de sumario y hasta ahora solo se conocen las informaciones aparecidas en los medios de comunicación”.

“El PSOE está a la espera de conocer todos los hechos y en el momento en el que se conozcan los detalles, si se demostrara que hay cualquier indicio de delitos vinculados con la corrupción, el PSOE actuará con contundencia, como siempre ha hecho en estos casos”, concluyó.

Según establece el Código Ético del partido, en su artículo 5.2, “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

El artículo 5.3 establece que “toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad. Si la persona afectada no informara en los términos expuestos en este apartado, será cautelarmente suspendida de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario”.