Las fuentes de Ferraz consultadas indicaron que se aplicará el Código Ético, de manera que hasta que no haya comunicación de un señalamiento -apertura de juicio oral- no se tomará ninguna medida que puede acarrear la suspensión, con independencia de lo que decida la dirección del PSPV.

Según establece el Código Ético del partido, en su artículo 5.2, “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Esta mañana, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia coordinó una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia.

Desde Valencia, el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, aseguró que le "cuesta creer" que "por unos contratos irregulares" se haya lanzado un operativo de este tipo, y dijo que "tiene que ser otra cosa", aunque pidió "cautela" y "prudencia".

Mata reconoció su "sorpresa" por la detención de Rodríguez junto, al menos, otras dos personas, un asesor y su jefe de Gabinete, e insistió en que detener a alguien "por haber hecho contratos de alta dirección mal" le parece "insólito". Esta sorpresa también llegó a Ferraz, donde no se entiende una operación de este tipo por irregularidades procedimentales.

Según fuentes consultadas, el detenido hizo una serie de nombramientos pese a unos informes contrarios pero, antes de que los nombrados llegasen a ejercer, fueron revocados, por lo que en el partido sólo lo ven como una irregularidad procedimental.

Según medios locales, la detención ha sido por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo de 2018 tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Valencia. En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de siete altos cargos en 2015 cuyos nombramientos no pasaron por el Consejo de Administración de la antigua Imelsa, hoy Divalterra.