Al término del debate, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, declaró que “España inicia un camino en el que va a tener una ley de eutanasia con seguridad jurídica, garantía médica y, sobre todo, va a respetar la voluntad de las personas de cómo finalizar su vida”.

A esto añadió que su ministerio apoya esta proposición de ley “para aproximar posturas o limar cuestiones técnicas, además de buscar consenso político y social. Cuando se apruebe la ley se modificará la cartera de servicios sanitaria para que sea un derecho, una prestación universal para todas las personas dando la garantía médica y la seguridad jurídica y sobre todo respetando la posición del paciente”, puntualizó.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, la diputada socialista Adriana Lastra aseguró que “presentamos esta ley desde el respeto a la dignidad”. De hecho, en su exposición de motivos, esta proposición de ley argumenta que pretende dar una “respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista” a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia.

Lastra resaltó que “se busca legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de discapacidad grave y crónica, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico”.

Además, la diputada socialista subrayó que esta proposición de ley permite la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios y establece que para “solicitar y obtener la prestación de ayuda para morir” hay que cumplir una serie de requisitos como “tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”; “disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos”; “haber formulado la solicitud de manera voluntaria, por escrito, que deberá repetirse al menos en una ocasión con una separación de quince días naturales, y no ser resultado de una presión externa”.

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea recordó que “50.000 personas mueren en España sin cuidados paliativos cada año y dudo que esta ley sea garantista y me gustaría que se diferenciara entre enfermedad grave incurable y discapacidad grave crónica que contempla esta ley, aunque no nos opondremos a la lucha de la libertad”.

Por su parte, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos Eva García Sampere señaló que esta era la quinta vez que “debatimos sobre eutanasia pero en esta ocasión esta ley es más amplia. No hay que olvidar que los cuidados paliativos tienen límites y no siempre pueden ayudar a los enfermos”.

Para la diputada del PP Pilar Cortés, “este es un día triste porque hablar de eutanasia es hablar de fracaso profesional y social ante la enfermedad”. Destacó que “la eutanasia ganará terreno a los cuidadnos paliativos pero hay que tener en cuenta que cuando éstos se cumplen y funcionan, la eutanasia decae”.