Este es uno de los puntos que destaca el comunicado emitido por el Gobierno para dar cuenta de la reunión que mantuvieron este lunes Sánchez y Urkullu en el Palacio de La Moncloa durante casi dos horas, de manera “distendida y cordial” y para compartir “reflexiones de interés común”.

El Gobierno remarca que Sánchez y Urkullu han decidido poner en marcha dos grupos de trabajo, que echarán a andar en el mes de julio, “ambos manteniendo el marco de la legalidad”. El primero de ellos revisará todos los recursos de inconstitucionalidad contra el Gobierno del País Vasco.

El segundo, prosigue el comunicado, será un grupo de trabajo bilateral y permanente encargado de evaluar y avanzar en las transferencias pendientes. La primera expresión será el traspaso de la gestión de las líneas ferroviarias Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Baracaldo.

En este texto, sin embargo, no se hace mención al grupo de trabajo que avanzó Urkullu en rueda de prensa tras el encuentro: la creación de un espacio “para el análisis y la actuación” con respecto a la actual política penitenciaria. El lehendakari pidió expresamente a Sánchez la “normalización” en este sentido con una “nueva política que supere la excepcionalidad”.

En el terreno internacional, ambos dirigentes han incidido en su análisis sobre la necesidad de seguir trabajando por la convergencia europea y caminar hacia la unión monetaria y fiscal. Han coincidido también en la atención prioritaria que requieren los flujos migratorios y han expresado el compromiso de ambos Gobiernos en compartir esfuerzos.