Este derecho está reconocido en la ley de restitución o compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados por aplicación de la normativa de responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, de 1998, modificada por otra ley de 2007.

El Gobierno ha adoptado esta decisión, prevista en la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la complejidad histórica y documental que representa la resolución de las solicitudes.

Cada una de estas solicitudes requiere una amplia labor de estudio, depuración y análisis, lo que impide que el proceso de resolución se haga de forma automática.