De esta manera se expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ante la expectación generada por la inauguración de los XVIII Juegos Mediterráneos que acogerá Tarragona, y a la que acudirán el Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

Torra, finalmente, ha optado por acudir al acto pese a que inicialmente se negó hasta que Felipe VI pidiera disculpas por su discurso del 3 de octubre, en pleno desafío soberanista y tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Para el Gobierno, según Celaá, “el Rey cumplió con su obligación, con las obligaciones constitucionales que tiene la Corona” y reafirmó "el poder de las instituciones españolas". Y “si la Generalitat desea no invitar al Rey, será un problema no para el Rey, pero sí para Cataluña" porque será que la Generalitat "no representa a la totalidad de Cataluña”.

“El Gobierno jamás ha hecho política con un acto institucional como este y tampoco la va a hacer”, remarcó la portavoz, quién advirtió que apuesta “viernes tras viernes y día tras día por un proceso de normalización de la vida democrática”. Por lo que el Gobierno aspira “a tener justa reciprocidad y las mismas respuestas por los demás gobiernos. Por lo que insistió en que “debe ser respondida con la normalización democrática que apetezca a otras CCAA”.

“El Gobierno está en marcha por la distensión, en ese camino”, respondió Celaá cuando se le preguntó si habrá algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo a la Generalitat ante la postura de Torra contra el jefe del Estado.

En esa línea dijo que el Ejecutivo, “en el empeño de normalizar, evitar tensiones y de avanzar en ese terreno” le parece “muy deseable” que el que es “más fuerte, en este caso el Gobierno, debe tender la mano”. “La fase de denuncia ya la hicimos, ahora toca el tratamiento y, por eso, este tono de distención para abrir los procesos de dialogo”, afirmó. Si bien la portavoz apostilló que todo este proceso hará siempre “con la Constitución española en una mano y el diálogo en la otra”.