Así lo puso de manifiesto el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, en una reunión de trabajo celebrada en la sede de la entidad con el fin de analizar la situación actual tras la reciente condena de la ONU a España por los incumplimientos de los mandatos legales en materia de educación inclusiva.

Pese a los avances que se han producido, Jesús Martín alertó de que casi el 20% de los estudiantes con discapacidad están escolarizados en centros de educación especial, lo que “supone un fracaso de toda la sociedad”. De hecho, criticó la contradicción que genera el hecho de que se acepte que haya personas que por razón de discapacidad estudien de manera “segregada”, algo que “no se permitiría por cualquier otro motivo”.

En todo caso, Martín Blanco puso en valor la “claridad” y “nitidez” del informe de la ONU sobre la educación inclusiva en España, “aunque por otra parte, es desolador que te digan que en tu país no se respeta el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad”. Además, puntualizó que no se trata de desaprovechar el “enorme talento” de los centros de educación especial y sus profesionales, sino que aporten su “enorme experiencia” al sistema inclusivo.

A su juicio, educar en la diversidad es muy importante para crear una sociedad inclusiva. "La educación es básica, porque no se puede pretender que haya personas que de adultas apuesten por legislar en favor de la discapacidad si no la han conocido ni han convivido con ella. Si empezamos de cero, no habrá que hacer posteriormente labor de sensibilización, puesto que las nuevas generaciones vendrán ya educadas en inclusión”, remachó Martín Blanco.

CREENCIA ERRÓNEA

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Educación del Cermi Estatal, Carmen Jáudenes, puso el foco en desmentir la creencia errónea relativa a que la presencia de alumnos con discapacidad perjudica al propio estudiante con discapacidad y ralentiza el ritmo del resto de compañeros. “Eso no es cierto. El nivel de calidad y cumplimiento de estándares está por encima de la media porque aporta valor a todo el mundo y da otra visión a la forma de trabajar y de estar dentro de la escuela”, expuso.

Además, la también directora técnica de la Federación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) comentó que el informe de la ONU sobre España pone de relieve “una serie de deficiencias que España tendrá que revisar, siendo conscientes de que se trata de una carrera de fondo” que impregna elementos como la formación del profesorado; las atribuciones de los centros educativos; la sensibilización de las familias, o lo que se puede esperar del legislador, entre otros factores. “Es complejo todo lo que tenemos que afrontar, pero eso no nos puede llevar a quedarnos en la parálisis”, advirtió.

En este sentido, la asesora jurídica de Plena inclusión y miembro del Comité de Apoyo del Cermi para la Convención de la Discapacidad de la ONU, Inés de Araoz, enumeró algunos aspectos que afectan también al desarrollo educativo del alumnado con discapacidad y que van más allá del aula, como es el caso del transporte escolar o la accesibilidad del patio y de las actividades extraescolares.

Esta experta señaló que “España se encuentra en una situación intermedia” en lo que a comparación con otros países se refiere y apuntó como referentes a seguir al norte de Italia, Nueva Zelanda y una parte de Canadá. Asimismo, explicó que se llevan a cabo buenas prácticas en países que no son más ricos que España, puesto que “una parte de todo lo que queda por hacer no depende tanto de presupuesto como de voluntad política”.