Son las principales conclusiones del artículo ‘Segregar por discapacidad a la infancia es violar los derechos humanos’, publicado en SINC por el doctor en Pedagogía y el profesor de Teoría de Educación de la Universidad de Málaga, Ignacio Calderón.

El investigador hace referencia al “demoledor” informe que ha elaborado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “La violación grave y estructural que denuncia la ONU requiere una respuesta urgente de las Administraciones Públicas”, reclama.

Añade que “el Comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general”.

Además, el Comité indica que “el destino del estudiante con discapacidad depende en la mayoría de los casos de la voluntad” de familiares y de profesionales, algo que el profesor considera “inadmisible”, porque el Estado incumple “grave y sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad en su sistema educativo”, como refleja el informe de la ONU elaborado con entrevistas a más de 130 personas, entre expertos, familiares, profesores y profesionales del ámbito educativo y de la discapacidad.

El profesor Calderón recuerda que España rubricó en 2008 un compromiso a través de la firma de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 24 se refiere a la educación inclusiva, y por lo que habría que eliminar ese sistema educativo paralelo para los alumnos con discapacidad.

“En diez años estamos igual o peor, porque se siguen abriendo centros de educación especial, y va en contra del tratado”, protesta el autor, que también recalca que no hay “ninguna” comunidad autónoma que lo cumpla. “Está institucionalizado, aunque esté en contra de los derechos humanos de los niños”, asevera.

Por ello, el investigador recalca que la denuncia de la ONU no se basa en excepciones: “No son casos aislados. Hay casos muy llamativos”. Calderón subraya que los informes psicopedagógicos que se realiza a los pequeños son una excusa “para derivar a niños a educación especial y aulas específicas”, que son “modalidades segregadas”. “No debería haber un informe psicopedagógico, que sirviera para eso”, critica el autor, que insiste en que “el foco es cómo se clasifica a los niños” por lo que, como la ONU, pide que “hay que pasar del modelo médico de la discapacidad al modelo social y de derechos en las escuelas”.

Por ello, el profesor propone revisar “cómo cada uno puede aprender, participar y lo primero, estar, pues muchos niños con discapacidad no están” en el sistema educativo ordinario y no se les reconoce en su aprendizaje. “No se les reconoce que aprenden porque seguimos pensando en la escuela como algo homogéneo, no como un espacio para la diversidad”

“El informe de la ONU cuestiona que la legislación vigente está en contra de la Convención, que tiene rango de constitución”, añade. “Este tratado internacional dice que lo que antes hemos entendido como educación (derechos humanos) ahora hay que entenderlo como educación inclusiva y de calidad”, explica.