El Convenio penal sobre la corrupción ha sido elaborado por el Consejo de Europa en el marco de la cooperación jurídica internacional impulsada por el grupo GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción, establecido por el Comité de Ministros el 4 de mayo de 1999 y del que España es parte desde el principio de sus actividades).

El objetivo principal de este Convenio es que los estados miembros tipifiquen como delitos una serie de diversas conductas relacionadas con la corrupción. Entre ellas figuran el cohecho activo y pasivo en los sectores público y privado, el tráfico de influencias y el blanqueo de productos de delitos de corrupción y contables.

Asimismo, el Convenio recoge el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas y contempla la creación de órganos especializados en la lucha contra la corrupción. Además, dedica un capítulo a la cooperación internacional contra los delitos sobre corrupción.

A tal fin, el Convenio contiene tres bloques diferenciados de normas que imponen a los Estados obligaciones de distinto grado: un conjunto de disposiciones que definen tipos penales que los Estados se comprometen a incorporar a su legislación penal interna; un segundo grupo de disposiciones relativas a las reglas que definen la responsabilidad penal, la competencia para proceder contra los autores de esos delitos, el sistema de sanciones y el establecimiento de un sistema de autoridades nacionales competente en la materia, y un tercer grupo de disposiciones que rigen el sistema de cooperación internacional.

Hasta el momento, han firmado el Convenio penal sobre la corrupción la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa y la totalidad de los del GRECO.