Los expertos recordaron que este copago sanitario es el aumento de la parte del gasto que se carga sobre el paciente en lugar de sobre la administración. Según explicó la expresidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), Beatriz González López-Valcárcel, la implantación de copagos farmacéuticos “no han cumplido el objetivo de disuadir del recurso a los medicamentos innecesarios”, tal y como se planteó. En su lugar, derivó gasto que era público a las familias “incrementando las desigualdades”.

Así lo prueban datos como que entre 2006 y 2015 el gasto directo en medicamentos de las familias aumentó un 52%, mientras que el gasto total en otros conceptos, como la vivienda o a la alimentación, sólo lo hizo en un 3%.

Además, los expertos aseguraron que tan sólo año y medio después de su entrada en vigor, la utilización de los medicamentos volvió a los niveles anteriores, es decir, las medidas no contribuyeron a un menor consumo de medicamentos y, por lo tanto, no tuvieron un efecto disuasorio, como se había justificado en el RD 16/2012.

Por el contrario, “en el camino lo que sucedió fue una inequidad”, porque por un lado se establecieron topes (porcentajes máximos) en el gasto para los pensionistas, pero no para otros colectivos como los empleados, añadió López-Valcárcel.

La experta destacó que, en el caso de los jubilados, “en la práctica lo que sucedió fue que se les sumó un gasto fijo mensual a sumar a sus otros gastos, de un máximo de 8 euros para las pensiones bajas”. Pero en los activos, que incluyen a los desempleados, se mantuvo el copago sin tope maximo, con lo que en algunos casos tuvieron que asumir un “gasto catastrófico”.