En la comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el pasado 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por poner en entredicho, “con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”.

En un foro informativo, Alaya había dicho que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería “como tener al lobo metido dentro del gallinero”. El CGPJ rechazó estas afirmaciones porque "suponen un absoluto desconocimiento" de la institución que es el Ministerio Público, además de un "menosprecio implícito".

La magistrada denunció haber sido objeto de "presiones" y señaló a los políticos como responsables, además de criticar la elección del fiscal general del Estado por parte del Gobierno porque puede ser escogido "por afinidades políticas" y, por tanto, podría incurrir en "seguir directrices de partidos políticos".