En la iniciativa del PSOE, en su quinto punto, se indica que “solamente” la persona que reúna las “condiciones y circunstancias” que fija la norma “puede solicitar y obtener la prestación de ayuda para morir”.

Esas circunstancias son: “tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”; “disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos”; “haber formulado la solicitud de manera voluntaria, por escrito, que deberá repetirse al menos en una ocasión con una separación de quince días naturales, y no ser resultado de una presión externa”.

“La prestación de ayuda para morir no se podrá realizar sin que hayan transcurrido, al menos, quince días naturales desde la última solicitud”, aclara la iniciativa que esperan que sea “aprobada por la mayor parte” de los diputados, como avanzó Lastra.

Además, el solicitante debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una discapacidad grave crónica en los términos establecidos en esta ley”; y “prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir, que se incorporará a la historia clínica del solicitante”.

La portavoz socialista indicó que cuando registraron esta iniciativa ya hablaron con el resto de grupos parlamentarios, lo que le hace estar “convencida de que va a salir adelante” esta proposición de ley con la que buscan “dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”.

Así, señaló que esta iniciativa se enmarca en la decisión del presidente de dotar a los ciudadanos de “nuevos derechos”. “La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la ConstitucióneEspañola. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad”, dice el texto.