En concreto, el proyecto fue aprobado con el voto favorable de PP, Ciudadanos, UPN, PAR y Agrupación Socialista Gomera, la abstención del PSOE, Nueva Canarias y Coalición Canaria y el voto en contra de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDECat, Compromís y Bildu. De esta manera, el Grupo Popular hizo uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar unas cuentas públicas a las que durante la tramitación en la Cámara Alta se han incorporado 44 enmiendas (17 del PP y 27 del PAR) de un total de 5.476 que fueron presentadas por los grupos parlamentarios.

Desde que el proyecto presupuestario fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 23 de mayo con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias y los votos en contra de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat, Compromís y Bildu, el escenario político alrededor de su tramitación ha estado marcado por la moción de censura que el 1 de junio otorgó la Presidencia del Gobierno al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El acuerdo del anterior Gobierno, el liderado por Mariano Rajoy, con sus socios parlamentarios en la elaboración y aprobación de las cuentas, en principio garantizaba que la tramitación presupuestaria en el Senado, que comenzó el 29 de mayo, discurriese sin introducir ningún cambio, con el objetivo de que los PGE entrasen en vigor en cuanto fueran aprobados por la Cámara Alta, sin necesidad de que volvieran al Congreso.

Sin embargo, el cambio de Gobierno originado por la moción de censura, en la que PNV, socio presupuestario del PP, otorgó su voto favorable a Sánchez, provocó un cambio de estrategia de los populares, que decidieron que enmendarían los Presupuestos al tiempo que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez garantizaba al PNV que los mantendría tal y como salieron del Congreso. Así, el PNV considera que las enmiendas presentadas y aprobadas por el PP suponen una “revancha”, mientras que los populares defienden que fue la formación vasca quien rompió el acuerdo y que sus enmiendas tan sólo buscan “mejorar” los PGE.

En esta misma línea, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudió la semana pasada al Pleno del Senado para defender desde la tribuna la tramitación y aprobación de unos PGE sobre los que, en cambio, se mostró en contra. En este sentido, la ministra defendió que ya no daba tiempo a presentar unos PGE nuevos y que la prioridad del nuevo Gobierno es trabajar ya en los de 2019, por lo que criticó las “autoenmiendas” del PP al considerar que sólo buscaban obstaculizar y alargar la tramitación.

CAMBIOS EN EL SENADO

En concreto, de las 17 enmiendas del PP que han sido aceptadas, la de mayor cuantía es una de 26,6 millones de euros destinados a financiar programas para la mejora del transporte público en zonas despobladas. Para poder incorporar esta dotación, la enmienda contrarresta dicha subida sacando la misma cantidad, 26,6 millones, de una partida que hasta ahora los destinaba al Servicio Vasco de Empleo. Además, otra enmienda popular extrae otros tres millones que iban a ser dedicados al Centro de Investigación Vasco, la ‘Biscay Marine Energy’. Por su parte, las 27 enmiendas del Partido Aragonés suponen un total de 144,1 millones de euros destinados a la comunidad de Aragón, la mayor parte de ellas en infraestructuras.

Con la vuelta de los PGE al Congreso, el PSOE tendrá que tomar la decisión de si acepta o rechaza las enmiendas introducidas por el PP. En el primer caso, su abstención bastaría para que la Cámara Baja acepte las enmiendas con los votos del PP y el resto de sus socios parlamentarios.

Por el contrario, para rechazar las enmiendas y así cumplir con su compromiso con el PNV de mantener las cuentas tal y como salieron del Congreso, los socialistas tendrán que intentar reunir una mayoría de votos junto al resto de formaciones que hicieron a Sánchez presidente en la moción de censura (Unidos Podemos, ERC, PNV, PDECat, Compromís, Nueva Canarias y Bildu). En este sentido, el voto particular presentado por el PSOE en el Senado para rechazar las enmiendas del PP y del PAR y pedir la devolución de los PGE al Congreso en los mismos términos en los que se aprobaron, podría indicar que los socialistas buscarán una mayoría con la que rechazar las enmiendas, a pesar de que en la Cámara Alta se han abstenido.

La fecha para que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre las enmiendas introducidas podría quedar fijado mañana en la reunión que, como cada martes, mantendrá la Mesa de la Cámara Baja. El Congreso tiene previstas sesiones plenarias tanto esta semana como la siguiente, por lo que la votación final de los PGE podría introducirse en cualquiera de ellas.