La patronal plantea al Ejecutivo 13 peticiones, entre las que figura la creación de una Secretaria de Estado de Movilidad con competencias en tráfico y que potencie el transporte en autobús dentro de un plan contra la despoblación.

La confederación señala en un comunicado que el sector del autobús constituye un elemento vertebrador y de cohesión social del Estado, ya que llega a 8.000 poblaciones del país, y no existe población en España con menos de 50 habitantes que no esté atendida.

Asimismo, pide apoyar la competitividad del sector a través de la modernización de la gestión de servicios para acomodar mejor las necesidades de la ciudadanía en el próximo Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) e incrementar la seguridad vial en la futura Ley de Tráfico en los aspectos relativos al autobús.

Confebus considera imprescindible la apuesta por la mejor calidad-precio en todos los procesos de licitación y la exclusión automática de las ofertas anormalmente bajas. También pide el impulso de nuevas fórmulas de contratación para servicios regulares de uso especial, escolares y trabajadores, que primen la calidad y la seguridad sobre el precio.

En esta materia, urge, además, la derogación de la Ley de la Desindexación de la Economía Española, que "no favorece la actividad empresarial en contratos de concesión de servicios públicos y dificulta las subidas salariales".

Asimismo, Confebus apuesta por la creación de un marco normativo de financiación del transporte público que asegure un servicio clave de interés general.

En materia de competitividad, desde Confebus se aboga por medidas específicas para la lograr la consistencia económica, rendimiento empresarial y estabilidad de la actividad discrecional y turística, fomentando el diálogo con las autoridades competentes para establecer paradas estratégicas y zonas de aparcamiento.

También ve necesario desarrollar medidas que consoliden la concentración empresarial en un entorno intermodal y competitivo, así como la creación de carriles bus y plataformas reservadas para mejorar la calidad del servicio público, junto con el desarrollo de un Plan de modernización y rediseño de las estaciones de autobuses.

Asimismo, considera imprescindible la regulación de "la mal llamada economía colaborativa" en el transporte, de forma que se "apliquen las mismas reglas del juego a los mismos servicios y un mayor control normativo".