Celaà añadió que este decreto, que fue impulsado por Ana Mato, dejó sin asistencia sanitaria integral a personas en situación administrativa irregular. “Tendremos que actuar con otro decreto" para derogar el anterior y "devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud”, dijo.

La ministra portavoz agregó que “es una cuestión de decencia política", "un mandato de todos los organismos internacionales, como la ONU, la OMS e incluso el Defensor del Pueblo".

Explicó que el Ejecutivo espera tener ultimado el decreto en seis semanas para contar con posterioridad con 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la reacción de las comunidades autónomas y el riesgo de que algunas se nieguen a asistir a estas personas excluidas, la portavoz del Gobierno aventuró en rueda de prensa que “no habrá ninguna comunidad que incumpla el nuevo real decreto cuando esté aprobado”. De hecho, aseguró que esta normativa formará parte de la protección a la salud “de forma integral”.