Así lo afirmó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaà, quien añadió que este decreto dejó sin asistencia sanitaria integral a personas en situación administrativa irregular. “Tendremos que actuar con otro decreto" para derogar el anterior y "devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud”.

Celaá agregó que “es una cuestión de decencia política", "un mandato de todos los organismos internacionales, como la ONU, la OMS e incluso el Defensor del Pueblo".

Explicó que el Ejaecutivo espera tener ultimado el decreto en seis semanas.