La Fiscalía considera en su informe que la denegación de la publicación del Decreto 2/2018 de 19 de mayo de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, por el que se nombraba consejeros a personas que se hallaban en situación de prisión provisional o huidas de la Justicia, no puede ser considerado como un acto "injusto y arbitrario" en los términos exigidos por el Código Penal, según la interpretación del Tribunal Supremo.

Entre los nombramientos que contenía el citado decreto del presidente de la Generalitat figuraban los de los exconsellers procesados en la causa que investiga el Supremo en relación al proceso independentista Jordi Turull y Josep Rull, ambos en prisión preventiva, y de Antoni Comín y Lluís Puig, que se encuentran huidos en Bélgica.

Torra presentó el pasado 1 de junio una querella ante el Supremo por un presunto delito de “prevaricación por omisión” contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a quienes acusaba de tomar una decisión “arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal”.

Una carta del subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, justificaba la no publicación del decreto de nombramiento del nuevo Gobierno catalán mientras se analizaba la viabilidad de que esas cuatro personas pudieran ocupar puestos en el Ejecutivo autonómico cuando aún tenía cuentas pendientes con la justicia.

Posteriormente, el secretario del Govern contestaba a la misiva con otra en la que pedía explicaciones al respecto y recordaba que la publicación es un trámite que no se podía bloquear. El secretario de Estado para Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, volvía a contestar la carta recordando que aún permanecía vigente el artículo 155 y por tanto la potestad ejecutiva del Gobierno central en Cataluña. Finalmente, el president Torra se avino a cambiar a los cuatro consellers, aunque anunció que presentaría una querella.