El tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado a instancias del Supremo español, que sostiene que los requisitos mínimos de condiciones de vida de los cerdos ibéricos recogidos en la norma perjudican a los productores españoles frente a sus competidores. Es lo que, entre otros motivos, alegó en su recurso la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor).

Sin embargo, el tribunal europeo ha concluido que el decreto no supone un obstáculo al comercio interestatal y no vulnera la legislación comunitaria, porque “al aumentar los requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en que deben vivir los cerdos y al elevar la edad mínima para el sacrificio, el decreto no puede perjudicar el bienestar de los animales, por lo que no es incompatible con la directiva”.