En un encuentro que ha mantenido con periodistas, el jefe de la diplomacia española afirmó que es necesario que desde el Gobierno se trabaje para “construir el relato” de la España “democrática y constitucional”.

Esto le sirvió para observar que durante los años de desafío independentista la imagen de España “se ha deteriorado” en el mundo como consecuencia de que los independentistas han conseguido insertar en el imaginario de la comunidad internacional la idea de que la “leyenda negra está de vuelta”.

“Han sido muy eficaces en esto”, dijo.

Dejó claro que no va a ejercer de “ministro de Asuntos Catalanes”, si bien comentó que su labor al frente de Exteriores será la de explicar ante la opinión pública internacional la idea de que España es una democracia que supera en muchos ránkings especializados a países de su entorno.

No obstante, aseveró que llevará a cabo esta actitud pedagógica sin “caer en descalificaciones” y destacó la necesidad de restablecer el diálogo con la Generalitat, lo que, a su juicio, no supone caer en “entreguismos”.

Mostró su inclinación a que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, inicien ese diálogo proximamente para que queden claras cuáles son las posiciones de partida.

Borrell aprovechó para trasladar que el Ejecutivo no tienen “hipotecas”, “deudas” ni “letras de cambio” con los independentistas tras la moción de censura, un procedimiento parlamentario en el que éstos decidieron censurar a Mariano Rajoy sin que nadie les prometiera nada a cambio. Manifestó que la política que el Gobierno desarrollará ante el desafío independentista no superará los márgenes de la Constitución.

Respecto de la posibilidad de recuperar artículos del Estatuto de Cataluña que en su día fueron anulados por el Tribunal Constitucional, apuntó la importancia de “clarificar” este texto sobre el que se dictaron hasta siete sentencias.

Borrell también opinó sobre el anuncio de la Generalitat de reactivar Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, el Diplocat. A este respecto, explicó que no tiene “ninguna objeción” a que las comunidades autónomas tengan representación en el exterior y señaló que era de esperar la decisión de Torra después del levantamiento de artículo 155 de la Constitución.