Dijo que todo lo referido a las infraestructuras judiciales exige “una especial dedicación y un gran esfuerzo para su mejora” y recordó la puesta en marcha del plan de mejora para las infraestructuras judiciales, con una inversión que casi se ha triplicado en 2018, hasta alcanzar los 19,7 millones de euros, lo que supone también multiplicar por 30 el presupuesto de 2015.

Tras señalar que la agrupación de sedes judiciales es una de las “prioridades que permitirán ganar en eficiencia, reducir costes y mejorar los servicios que se prestan”, se refirió a las actuaciones que ya se han hecho para agrupar las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, la unificación de los juzgados del partido judicial de Aranjuez en una única sede, la próxima reubicación de los juzgados de Móstoles o el inicio de la tramitación para la construcción del nuevo edificio único judicial de Torrejón de Ardoz.

Para los próximos meses, añadió, se pondrá en marcha un nuevo núcleo penal en Madrid capital, en la zona de San Blas, que concentrará en tres edificios, situados en un radio de 100 metros, un total de 56 juzgados, con espacio adicional para nuevos órganos judiciales.

Dijo que “supone la mayor inversión que ha realizado la Comunidad de Madrid en una sede judicial” y añadió que “fuera de la capital, se van a terminar los edificios de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial, que permitirán unificar las sedes en ambos partidos judiciales, se impulsará la ampliación y mejora de los juzgados de Alcobendas y Getafe y se licitará la redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio judicial de Móstoles”.

También se refirió a la implantación de las nuevas tecnologías como uno de los ejes de actuación de Justicia y anunció una inversión de 1,5 millones de euros para instalar cámaras de videoconferencia en todas las salas de vistas.

Ibarrola señaló que se va a completar la implantación de la cita previa 'online' en los cuatro registros civiles de la Comunidad que aún no disponen de ese servicio y recordó que ya se han entregado la práctica totalidad de los 1.100 ordenadores portátiles destinados a magistrados, jueces y fiscales.

PIDE A SÁNCHEZ LA RETIRADA DE UN RECURSO

Por otro lado, dijo que la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez a retirar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la mejora retributiva que recoge el acuerdo sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia, que el Ejecutivo regional firmó con los sindicatos en julio de 2017.

“El pasado lunes solicité por carta a la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el desistimiento del recurso contra el incremento del complemento transitorio” recogido en el acuerdo sectorial, dijo la consejera, quien se mostró segura de que “coincidirán conmigo en que es una decisión necesaria porque, de otro modo, se podría causar a los funcionarios un perjuicio de difícil reparación posterior”.

A su juicio, “este es un acuerdo perfectamente legal y su impugnación crea una situación de inseguridad a los trabajadores de la Administración de Justicia que tiene que ser superada”.

El acuerdo sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia contempla, entre otras mejoras, un incremento progresivo de 120 euros mensuales en el complemento transitorio que cobran estos trabajadores.

La consejera dijo que el año pasado la retribución aumentó en 45 euros al mes, este año alcanza ya los 90 euros y el año que viene llegará a los 120 euros mensuales y consideró que es “una mejora que beneficiará a más de 6.900 trabajadores públicos, entre funcionarios de carrera e interinos", y “que supone un aumento del 25% de este complemento”.

En su comparecencia, Ibarrola destacó el compromiso político del Gobierno que preside Ángel Garrido “con la Justicia como servicio público clave para la calidad de vida de los madrileños y para la protección de sus derechos, y como garantía de una estabilidad y seguridad jurídicas que son esenciales para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”.

En materia de personal, afirmó que ya se han cubierto el 52% de las vacantes que existían en 2015 y que el año pasado la tasa de interinidad se rebajó al 33%, y aseguró que “para este año tenemos la previsión de reducirla hasta el 25%”.